En las últimas décadas, América Latina ha enfrentado episodios recurrentes de inflación estructural. Este fenómeno no es solamente monetario, sino también institucional: responde a una combinación de impresión excesiva de dinero, déficits fiscales crónicos, regulaciones distorsivas y una desconfianza generalizada en las instituciones.
Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca, la raíz del problema radica en la intervención del Estado en el mercado monetario. Ludwig von Mises y Friedrich Hayek argumentaron que el monopolio de emisión de moneda por parte del Estado, especialmente a través de bancos centrales, conduce inevitablemente a ciclos de auge y recesión, alimentados por políticas monetarias artificialmente expansivas.
Para los austríacos, la solución no pasa por “mejorar” la intervención, sino por eliminarla, devolviendo al mercado el control sobre la moneda (propuestas como la banca libre o el uso de monedas privadas, incluso criptomonedas como Bitcoin). También abogan por una disciplina fiscal estricta y la reducción del gasto público como paso esencial hacia la estabilidad.
Desde una postura keynesiana, la inflación puede y debe manejarse mediante una combinación de política fiscal activa y control de expectativas. En momentos de recesión, el gasto público debe aumentar para estimular la demanda, aun a riesgo de inflación moderada. La clave, dicen, está en la administración prudente del ciclo económico, sin renunciar al rol estabilizador del Estado.
Los economistas marxistas sostienen que la inflación es una consecuencia del sistema capitalista mismo, que genera desigualdades estructurales y crisis cíclicas. Desde su óptica, la solución pasa por un control estatal mucho más amplio de los sectores estratégicos de la economía, incluyendo la banca, para redistribuir la riqueza y planificar la producción.
Fundamentos sólidos en la libertad económica, podría ser viable:
Liberalizar parcialmente el mercado monetario, permitiendo la coexistencia de monedas (moneda estatal y criptoactivos), aumentando la competencia y la confianza del ciudadano.
Reformas fiscales orientadas a la eficiencia y la transparencia, reduciendo el gasto improductivo y aumentando el control ciudadano sobre el presupuesto.
Estabilidad institucional, asegurando reglas claras, independencia judicial y un entorno donde los contratos se respeten.
Sin una cultura económica ciudadana fortalecida, cualquier modelo puede ser distorsionado. La solución no es exclusivamente técnica, sino también educativa y ética: formar ciudadanos que entiendan y valoren los principios de responsabilidad individual, propiedad privada y cooperación voluntaria.
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