Obedecer o cuestionar: la historia oculta de la ley.

Historia viva de la ley: de la costumbre al bien común. 

Desde que el ser humano comenzó a organizarse en tribus, clanes o ciudades, surgió la necesidad de normas que regularan su conducta. Al principio no hubo leyes escritas ni códigos legales: lo que imperaba era la costumbre, una forma primitiva de orden basada en el consenso ancestral. Así nacieron los primeros esbozos del derecho: como tradición compartida. 

La ley como costumbre: los albores del orden.
En las culturas antiguas, la ley era inseparable del rito y la religión. En el Código de Hammurabi (aprox. 1754 a.C.), por ejemplo, el rey se presentaba como receptor de la voluntad divina, y la ley emanaba del cielo, no del pueblo. Obedecer la ley era obedecer a los dioses.

En este primer estadio, la obediencia se basaba en el miedo al castigo y en la costumbre social. Como decía Aristóteles, “la costumbre es casi una segunda naturaleza”. Pero esto no bastaba para explicar por qué una ley debía obedecerse si era injusta. 

La ley como razón: la filosofía entra en escena.
Con los griegos surge una concepción racional de la ley. Sócrates, en el “Critón” de Platón, acepta morir por obedecer las leyes de Atenas, incluso si el juicio fue injusto. Aquí aparece por primera vez la idea de que la ley tiene una autoridad moral, porque forma parte del contrato social que permite la vida civilizada.

Cicerón, en Roma, refuerza esta noción al hablar de la lex naturalis, la ley natural que está inscrita en la razón humana y por encima de cualquier ley positiva. Para él, “la verdadera ley es la recta razón, conforme a la naturaleza”.

Ya no basta con la costumbre: la ley debe estar alineada con la razón y la justicia. De lo contrario, no obliga moralmente. 

La ley como poder: del absolutismo al contrato.
Durante la Edad Media, el derecho se fusionó con la teología. Santo Tomás de Aquino sintetizó la ley divina, natural y humana, proponiendo que la ley humana solo era legítima si no contradecía la ley natural.

Pero en la Edad Moderna, el absolutismo desplazó esa visión. Para Hobbes, en Leviatán, la ley es la voluntad del soberano, necesaria para evitar la anarquía. Obedecer la ley es un acto de supervivencia, no de justicia.

Más adelante, Locke y Rousseau reaccionan contra esta visión autoritaria y afirman que la ley nace del consentimiento de los gobernados: surge un nuevo principio político-económico, el del contrato social. La ley ya no es solo costumbre ni razón divina: es acuerdo racional entre individuos libres.

La ley como instrumento de justicia social: revolución y derechos.
El siglo XVIII trae la revolución de la libertad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) proclama que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Sin embargo, este ideal fue pronto manipulado por los totalitarismos que usaron la ley como herramienta de dominación ideológica.

En el siglo XIX, el pensamiento de John Stuart Mill, Herbert Spencer y luego Hayek, comienza a advertir los peligros del Estado que legisla en nombre de un bien colectivo mal definido. Hayek insiste en que la verdadera ley debe ser general, abstracta y predecible, y que cuando el Estado se arroga la facultad de planificar, destruye la libertad. 

La ley contemporánea: entre legalismo, moral y poder.
Hoy vivimos una tensión permanente: leyes cada vez más técnicas, más complejas, más numerosas… pero también, muchas veces, más desconectadas del bien común. ¿Por qué obedecer la ley cuando parece injusta, innecesaria o corrupta?

Aquí entra la clave que propone Daniel Mark: ni la costumbre social ni la racionalidad moral individual bastan. La autoridad legítima de la ley proviene de su conexión con el bien común. Esta visión encuentra eco en pensadores contemporáneos como Robert P. George o Alasdair MacIntyre, que defienden una ética pública basada en virtudes objetivas y orden social justo.

Por ejemplo, muchas leyes fiscales modernas son criticadas por ser opresivas o ineficaces, pero si se fundamentan en el bien común —financiar servicios públicos esenciales con justicia y proporcionalidad—, entonces pueden reclamar obediencia incluso cuando afectan intereses individuales. 

La ley contemporánea: entre legalismo, moral y poder.
Hoy vivimos una tensión permanente: leyes cada vez más técnicas, más complejas, más numerosas… pero también, muchas veces, más desconectadas del bien común. ¿Por qué obedecer la ley cuando parece injusta, innecesaria o corrupta?

Aquí entra la clave que propone Daniel Mark: ni la costumbre social ni la racionalidad moral individual bastan. La autoridad legítima de la ley proviene de su conexión con el bien común. Esta visión encuentra eco en pensadores contemporáneos como Robert P. George o Alasdair MacIntyre, que defienden una ética pública basada en virtudes objetivas y orden social justo.

Por ejemplo, muchas leyes fiscales modernas son criticadas por ser opresivas o ineficaces, pero si se fundamentan en el bien común, financiar servicios públicos esenciales con justicia y proporcionalidad, entonces pueden reclamar obediencia incluso cuando afectan intereses individuales. 


La metamorfosis de la ley: de instrumento a fundamento.
Hoy, en la era digital y de la inteligencia artificial, enfrentamos nuevos desafíos: 
¿Quién define la ley cuando los algoritmos legislan de facto? 
¿Qué significa el bien común en sociedades hiperindividualizadas?

La historia de la ley no ha terminado. Pero si algo ha quedado claro, es esto: la autoridad moral de la ley no reside en el poder ni en la costumbre, sino en su capacidad de servir al bien común real, objetivo, discernible mediante la razón y enraizado en la dignidad humana. 

La obediencia a la ley no es un acto ciego, sino una decisión racional y moral. Como enseñó Santo Tomás de Aquino, “una ley injusta no obliga en conciencia”. Pero cuando la ley se alinea con el bien común, incluso en su imperfección, reclama nuestra obediencia no por temor ni hábito, sino por justicia.

Por eso, más allá del legalismo o la moral individual, la ley como ley solo encuentra su plena legitimidad en aquello que Daniel Mark denomina su vínculo intrínseco con el bien común.