Desde el siglo XIX hasta nuestros días, el crecimiento del Estado administrativo ha sido una de las transformaciones más radicales del orden político occidental. Originalmente concebido como un árbitro limitado, el Estado se ha expandido progresivamente en funciones, regulaciones y estructuras burocráticas, configurando un entramado hiperlegalista que sofoca la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y el orden espontáneo del mercado.
El liberalismo clásico, representado por pensadores como Alexis de Tocqueville, ya advertía en La democracia en América sobre el peligro de una “tutela suave” ejercida por un Estado que, bajo la apariencia de bienestar, infantiliza al ciudadano. Tocqueville vislumbró la amenaza de un aparato estatal que, sin necesidad de recurrir a la violencia, regula cada aspecto de la vida bajo un manto de legalidad omnipresente.
Más adelante, Friedrich Hayek y Ludwig von Mises profundizaron esta crítica desde la Escuela Austríaca, mostrando cómo el intervencionismo progresivo no solo distorsiona el sistema de precios, sino que tiende a reforzarse en ciclos autorreferenciales, donde cada fallo del Estado genera más intervención. Hayek, en Camino de servidumbre, describió cómo el Estado administrativo reemplaza el orden jurídico general por regulaciones particulares, alejando el derecho de su función originaria de proteger libertades individuales.
Desde la filosofía política conservadora, Roger Scruton subraya que la proliferación de leyes y regulaciones debilita los vínculos morales, culturales y tradicionales que sostienen la sociedad civil. La norma jurídica deja de ser expresión de un consenso moral para convertirse en instrumento de ingeniería social, usado por tecnócratas desvinculados del sentido común y de la comunidad concreta.
Hoy, el hiperlegalismo se manifiesta en fenómenos como:
La sobre-regulación empresarial, que asfixia al emprendedor con licencias, permisos y requisitos fiscales, como se ve en países latinoamericanos donde montar un negocio puede tardar meses por la maraña normativa.
El poder desmedido de agencias estatales, como la Environmental Protection Agency (EPA) en EE.UU. o la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala, que emiten normativas con fuerza de ley sin control parlamentario efectivo.
La judicialización de la política, donde cualquier acción gubernamental o privada puede terminar en tribunales, inhibiendo la toma de decisiones y generando inseguridad jurídica.
La expansión del Estado administrativo implica también una economía moral empobrecida: los individuos ya no son responsables de sus actos sino “clientes” del Estado, delegando la ética en formularios y controles externos.
Una comunidad libre y virtuosa no puede fundarse en el temor a la sanción ni en el cumplimiento ciego de leyes cada vez más ininteligibles. Como advirtió Edmund Burke, “la ley es el último recurso del sabio, y el primero del ignorante”. Cuando el orden moral y social se sustituye por un enjambre burocrático, el ciudadano deja de ser protagonista para convertirse en súbdito. La libertad, entonces, no muere con un golpe, sino ahogada lentamente en formularios, regulaciones y decretos.
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