A lo largo de la historiadel pensamiento político, el concepto de justicia social ha evolucionado hasta convertirse en una consigna que, para muchos, justifica la redistribución forzada de la riqueza mediante la intervención del Estado. Sin embargo, esta visión de justicia —asociada a la igualdad material de resultados— representa, en realidad, un mito que desconoce tanto la dignidad del individuo como los principios fundamentales de una sociedad libre.
Desde la filosofía clásica, Aristóteles ya diferenciaba entre la justicia distributiva (dar a cada quien según su mérito) y la justicia correctiva (reparar desequilibrios causados por acciones individuales). La concepción moderna de justicia social, promovida por pensadores como John Rawls, introduce un ideal de redistribución basada en una supuesta “lotería natural” injusta. Según John Rawls,, el Estado debe corregir las desigualdades que surgen del azar. Pero esta propuesta ha sido ampliamente criticada por filósofos y economistas liberales como Friedrich Hayek, quien advertía que la “justicia social” es un concepto vacío que da pie a arbitrariedades políticas.
Friedrich Hayek, en The Mirage of Social Justice, argumentaba que la justicia verdadera no puede implicar que alguien sea castigado por tener éxito. Para él, la única forma moral y sostenible de distribución es la que emerge del orden espontáneo del mercado, donde los resultados dependen de decisiones voluntarias y responsabilidades asumidas. Murray Rothbard fue aún más tajante al afirmar que la redistribución forzada es una forma de coacción estatal que viola la propiedad privada, piedra angular de la libertad individual.
Desde el pensamiento conservador, autores como Roger Scruton advertían del peligro de vaciar conceptos tradicionales como justicia, familia o deber, reemplazándolos por ideologías utilitarias. Roger Scruton creía que al disolver los lazos naturales entre personas mediante programas impersonales de redistribución, se destruye el tejido moral de la sociedad.
En la actualidad, podemos observar las consecuencias de la "justicia social" forzada en economías como la argentina o la venezolana, donde años de redistribución estatal y subsidios masivos no solo han fracasado en reducir la pobreza estructural, sino que han destruido incentivos productivos, erosionado el respeto a la propiedad y corrompido las instituciones. Los resultados han sido inflación crónica, dependencia ciudadana y una élite política cada vez más poderosa y desconectada.
Por el contrario, países que han apostado por un modelo basado en el respeto al mérito, la libertad económica y el imperio de la ley, como Suiza, Estonia o Singapur, han logrado mayores niveles de prosperidad y cohesión social sin apelar a la confiscación de riqueza.
Una sociedad justa no se construye nivelando por la fuerza, sino creando condiciones para que cada persona, según su esfuerzo, virtudes y decisiones, florezca. La verdadera solidaridad nace del compromiso voluntario, no de la imposición burocrática.
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