La discusión moderna sobre la libertad de expresión arranca con el liberalismo clásico: John Stuart Mill defendió en On Liberty que la libertad de opinar y disentir es condición para la búsqueda de la verdad y el desarrollo de las capacidades individuales —salvando el principio de no causar daño directo a otros—. Más tarde, Isaiah Berlin diferenció dos nociones de libertad (negativa y positiva), lo que ayuda a entender por qué reclamar “más libertad” puede significar cosas distintas para distintos actores. Karl Popper, por su parte, vinculó la defensa de una «sociedad abierta» a la posibilidad de crítica pública como antídoto frente al totalitarismo.
El discurso y el poder: perspectivas críticas. Autores del campo de la teoría crítica y la filosofía del lenguaje observaron que el lenguaje no es sólo transmisión de información: produce realidades sociales. Michel Foucault introdujo la idea de que los «discursos» configuran lo que puede pensarse y decirse en una época; desde esta perspectiva, las normas de lo políticamente correcto son también formas de regulación simbólica y disciplinaria. Judith Butler, en Excitable Speech, examina cómo ciertas formas de habla pueden herir y consolidar asimetrías de poder, y, por tanto, plantea límites difíciles alrededor de la tolerancia absoluta. Estas lecturas muestran que la libertad formal de expresarse puede coexistir con efectos materiales (violencia simbólica, exclusión).
El surgimiento del “políticamente correcto” y su crítica. El término y la crítica pública al «political correctness» se masificaron en la década de 1980–90, con figuras como Allan Bloom denunciando (desde un ángulo conservador) que ciertas sensibilidades universitarias y culturales cerraban el debate intelectual y degradaban la cultura liberal clásica. Esta crítica ha sido retomada por conservadores que ven en las nuevas normas identitarias un reemplazo de la libertad de autocrítica por censura cultural.
Economía, liberalismo y límites de la palabra. Desde la tradición liberal‑económica (Hayek, por ejemplo) se ha defendido la idea de que la libertad —incluida la libertad de expresión— es condición para el orden espontáneo y la coordinación social; pero los liberales clásicos también reconocen que derechos y normas pueden entrar en tensión, y que el Estado debe proteger el marco institucional donde la crítica sea posible sin caer en coacción. John Rawls, desde la filosofía política contemporánea, enmarca derechos (incluido el de expresión) dentro de una concepción de justicia que busca equilibrio entre libertad y equidad de condiciones.
Casos reales y actualidad (ejemplos que ilustran la tensión) Controversias culturales y “cancelaciones”: el caso de J.K. Rowling y sus declaraciones sobre género ha sido un ejemplo frecuente donde la expresión de una autora generó campañas de repudio y debates sobre si la reacción pública constituye práctica de censura social o respuesta legítima de comunidades afectadas.
Moderación de plataformas y libertad de alcance: la gestión de contenidos en redes —por ejemplo los cambios y políticas en Twitter/X tras 2022— muestra la tensión entre “libertad de expresión” y las reglas privadas de moderación (quién decide, por qué y con qué criterios). La conversión de plataformas en árbitros de discurso público reubica la contienda fuera del marco estrictamente legal hacia el privado/comercial.
Regulación y riesgo jurídico: en la Unión Europea y otros espacios se vienen regulando discursos de odio y estableciendo obligaciones a plataformas (p. ej. estudios y propuestas en el Parlamento Europeo sobre discurso de odio y moderación). Ahí se plantea el dilema: proteger a colectivos frente a daños verbales vs. no asfixiar la deliberación pública legítima.
Nuevas aristas: IA y bots: incidentes recientes con chatbots que reprodujeron discursos de odio evidencian que la cuestión no es solo humana —sino técnica y regulatoria— y que la moderación automatizada y las fallas de sistemas abren una nueva dimensión del conflicto entre libertad, seguridad y responsabilidad.
Desde una perspectiva liberal‑conservadora conviene mantener dos intuiciones en tensión: (1) la libertad de expresión es un pilar indispensable para una sociedad capaz de autocorregirse y para la formación de juicio público; (2) la libertad sin condiciones sociales (sin reconocer asimetrías de poder, daño y vulnerabilidad) puede reproducir violencia simbólica y destruir la confianza cívica. El fallo cognitivo sería reclamar simultáneamente «libertad absoluta» y «consenso moral universal». La política prudente no elimina esta tensión, sino que la administra: protege el espacio de la crítica y, al mismo tiempo, promueve instituciones (educación cívica, normas de deliberación pública, responsabilidad de plataformas) que hagan posible la convivencia entre pluralidad y respeto.
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