Los titulares en varios países muestran la misma realidad: cortes de electricidad, precios de combustibles al alza y una creciente inseguridad energética. Lejos de ser un “fallo del mercado”, estos problemas son consecuencia directa de la planificación central disfrazada de política verde.
Gobiernos en Europa y América han impuesto subsidios, cuotas y prohibiciones con la idea de acelerar la transición energética. Se cierran plantas de energía convencionales antes de que existan sustitutos confiables, se subsidian tecnologías inmaduras y se obliga a los consumidores a pagar la factura. El resultado era predecible: cuellos de botella, encarecimiento y escasez.
Ludwig von Mises advirtió que cada intervención estatal lleva inevitablemente a otra, creando una cadena de distorsiones. Al manipular los precios de la energía y restringir la libre competencia, los gobiernos destruyen el único mecanismo capaz de descubrir soluciones sostenibles: el emprendimiento en el mercado.
La Escuela Austríaca de Economía enseña que la energía, como cualquier otro bien, debe evolucionar por el proceso de ensayo y error empresarial. Si el petróleo, el gas o el carbón pierden relevancia, debe ser porque empresarios encuentran mejores opciones que satisfacen a consumidores de manera más barata, confiable y abundante. No porque un decreto elimine alternativas antes de tiempo.
El caso fresco de varios países que apostaron demasiado rápido a esquemas forzados demuestra esta lección: sin precios libres y competencia abierta, las transiciones se convierten en crisis artificiales. La energía verde no necesita ser impuesta; si realmente es superior, el mercado la adoptará voluntariamente.
Como recordaba Mises, “no hay manera de evitar las consecuencias últimas de la intervención, salvo abandonando la intervención misma.” En el ámbito energético, esto significa dejar atrás el intervencionismo verde y devolver a los ciudadanos la libertad de elegir.
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