Un consultor es contratado para exponer las causas raíz de los problemas y resolverlos. Pero, ¡pobre del consultor que realmente haga lo que fue contratado para hacer!

Las organizaciones, al igual que las personas, tienen profundas inversiones en sus propias formas de pensar. Los procesos, sistemas y flujos de trabajo no son solo construcciones técnicas; reflejan a las personas que los diseñaron. Tanto empleados como directivos sienten orgullo por sus métodos, creyendo que los diferencian de la competencia. Sus sistemas pueden ser ineficientes, redundantes o incluso contraproducentes, pero son sus sistemas, y ese sentido de propiedad genera un apego emocional e intelectual profundo.

Aquí es donde entra el consultor, un externo cuya tarea es desentrañar estas estructuras profundamente arraigadas. Sobre el papel, el trabajo es claro: identificar ineficiencias, diagnosticar las causas raíz y proponer soluciones. En la práctica, en el momento en que esas recomendaciones desafían creencias arraigadas o exponen fallas fundamentales, surge la resistencia. Aquellos cuya reputación está ligada al sistema actual lo defenderán instintivamente. Después de todo, si un consultor puede desmontar en pocas semanas lo que ellos han construido durante años, ¿qué dice eso sobre su experiencia?

Aquí comienza el verdadero reto de la consultoría. La mayoría de las veces, el consultor ya sabe la respuesta, o al menos tiene una hipótesis sólida, desde las primeras etapas del trabajo. Pero exponer la verdad demasiado pronto, con demasiada crudeza o sin la estrategia adecuada, puede ser tóxico. La empresa primero debe querer escucharla. Y aun así, reconocer el problema es solo el primer paso. La verdadera batalla es cultural.

Porque estos no son problemas técnicos. Son problemas humanos.

La consultoría, en esencia, no se trata de arreglar sistemas rotos, sino de guiar a las personas a darse cuenta de que su enfoque actual no funciona y que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad. Requiere paciencia, empatía e influencia estratégica. Gran parte del valor de un consultor no radica solo en la solución técnica, sino en preparar a la organización para aceptarla.

Por eso la consultoría es difícil. Nunca se sabe qué mitos serán expuestos, qué autoridad se verá amenazada o cuánta identidad personal está ligada a las ineficiencias que se nos ha pedido resolver. Pero para quienes pueden navegar estos desafíos con sabiduría y tacto, la recompensa es inmensa. La verdadera transformación ocurre cuando las empresas no solo ven la verdad, sino que la adoptan—y es ahí cuando comienza el cambio duradero.

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Si crees que la FDA se volverá más indulgente bajo Donald Trump o RFK Jr., entonces no entiendes a Donald Trump, a RFK Jr., ni a la FDA.

La idea de la “eficiencia gubernamental” no trata sobre reducir el tamaño del gobierno. Todo lo contrario: se trata de consolidar el poder, aumentar el control y usar las agencias reguladoras como herramientas de imposición, dominación e incluso intimidación.

¿Dónde encaja la FDA en todo esto? Ante todo, es una entidad política. Su función no es solo la salud pública, sino también proteger los intereses de EE.UU., resguardar a los grandes conglomerados estadounidenses y ejecutar políticas dictadas por órdenes ejecutivas y por la opinión pública dirigida por los medios (léase: adoctrinamiento).

Bajo una administración de Trump o RFK Jr., podemos esperar una nueva forma de “shock y asombro” regulatorio. Es probable que la FDA intensifique la fiscalización, especialmente contra los competidores extranjeros de las corporaciones estadounidenses y las fábricas en el extranjero, aplicando presión para obligarlas a relocalizarse en EE.UU. y cumplir bajo sus términos.

Si crees que ICE ha sido agresivo, espera a ver a la Trump FDA en acción.

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Hoy en día, muchos conflictos se reducen al reclamo colectivo de una etnia sobre un territorio. Estos conflictos son casi intractables porque la historia demuestra que distintos grupos han ocupado los mismos territorios en diferentes momentos. El “estado” no es más que un reclamo temporal, sostenido por la fuerza de las armas o el poder político del momento.

Entonces, ¿quién es el verdadero dueño? Si descartamos el concepto de derechos colectivos y reconocemos que la naturaleza no pertenece a ningún grupo, la respuesta intelectual más honesta es que solo los propietarios privados de tierras cultivadas o desarrolladas tienen un título legítimo, siempre que no hayan adquirido esas tierras mediante fuerza o fraude.

Ninguno de estos conflictos es necesario. Surgen únicamente porque se insiste en atribuir al estado la legitimidad como “dueño absoluto”.

En el noreste de Siria, por ejemplo, los kurdos, turcos, árabes, drusos y otros grupos han ocupado este territorio en diferentes momentos de la historia.

¿Por qué no se puede vivir en paz? En un mercado verdaderamente libre, bajo un sistema de ley policéntrica, la necesidad de conflictos desaparece. Las disputas se podrían resolver a través de cortes privadas de arbitraje y agencias de protección de derechos.

El conflicto persiste porque, como se ha dicho, “la guerra es la salud del estado” (Randolph Bourne).

El cambio llegará cuando dejemos de considerar al estado como una entidad legítima y comencemos a reconocer que los derechos innatos de los seres humanos no derivan del poder estatal, sino de su propia naturaleza.

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El mundo sigue avanzando y las tiranías caen, pero el Estado no es la solución.

Los recientes acontecimientos, como la caída del régimen de Bashar al-Assad, evidencian la fragilidad inherente de los regímenes tiránicos. Sin embargo, ha salido a la luz que el motor financiero de este régimen no era otro que un cártel de drogas dirigido por Maher al-Assad, el hermano menor de Bashar. Este imperio del captagon no solo sostenía financieramente al régimen, sino que dependía de materiales químicos provenientes del Reino Unido. Se calcula que esta actividad representaba $2.400 millones de dólares, equivalentes al 25% del PIB de Siria.

La solución no radica en seguir combatiendo el narcotráfico, sino en eliminar la prohibición.

Para quienes ven a las drogas como la raíz de todos los males, aceptar esta perspectiva puede ser un trago amargo. Pero las guerras, las torturas, las tiranías y la esclavización de naciones enteras son aún peores. Siria producía el 80% del captagon del mundo, convirtiéndose también en una fuente financiera para grupos como ISIS y Hezbolá.

Es probable que otros regímenes se sostengan de manera similar. La alternativa a guerras perpetuas que cuestan millones de vidas humanas es, simplemente, poner fin a esta prohibición y a una guerra inútil. Esto no solo provocaría el colapso de numerosas organizaciones criminales, sino que también revelaría la redundancia e inutilidad de agencias estatales como la DEA. Las consecuencias de este cambio expondrían que “el emperador está desnudo”: menos Estado es mejor, y lo ideal es que su intervención sea mínima.

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La ley de la oferta y la demanda es contundente: cuando la oferta se restringe, los precios aumentan, enviando señales claras al mercado. Por un lado, incentivan a nuevos productores a ingresar, mientras que, por otro, desalientan el consumo. Sin embargo, cuando el gobierno interviene y limita artificialmente la oferta al declarar algo ilegal, no solo se disparan los precios, sino que también se crea un atractivo irresistible para el crimen organizado. Esto ocurre porque los actores legales abandonan el mercado, dejando el terreno libre a organizaciones criminales que compiten utilizando métodos violentos y despiadados. Este fenómeno se hace evidente cuando se criminalizan severamente temas como la migración o las drogas. Amenazas de deportaciones masivas o políticas restrictivas extremas no solo fortalecen estas dinámicas, sino que atraen a los peores actores, como el Tren de Aragua o la MS-13, que ven en estos mercados ilegales una oportunidad para consolidar su poder.

Donald Trump se ha convertido en el mejor aliado involuntario de las bandas criminales multinacionales, los cárteles de la droga y los regímenes autoritarios. Su retórica de odio y xenofobia, junto con sus amenazas de deportaciones masivas y el uso de militares para combatir el tráfico de drogas y personas, no solo fortalece a estas organizaciones, sino que también les proporciona los incentivos y recursos necesarios para evolucionar hacia estructuras paramilitares, más violentas y mejor armadas. El ascenso del Tren de Aragua no es un simple reflejo de las cárceles venezolanas, sino el resultado de las señales de mercado que políticas como las de Trump han amplificado, desatando una carrera armamentista criminal y fomentando una espiral de violencia lucrativa.

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Estados Unidos mantiene 9.000 soldados en Siria, pero sigue rehusándose a tomar medidas contundentes contra el régimen de Castro en Cuba, una cámara de los horrores que ha oprimido al pueblo cubano durante décadas. Durante la administración de Clinton, agentes federales devolvieron por la fuerza a Elián González a Cuba, condenándolo a ser adoctrinado por el padrino de la tiranía. Sin embargo, no hubo un esfuerzo similar para apoyar a los disidentes que han luchado incansablemente por la libertad y los derechos humanos.

Una de las formas más crueles de intolerancia radica en asumir que los cubanos habrían derrocado a Castro si realmente se opusieran a él, mientras se ignora el papel de las políticas estadounidenses en impedir ese cambio. Desde el infame Pacto Kennedy-Khrushchev, Estados Unidos ha limitado, en la práctica, cualquier posibilidad de liberar a Cuba.

Hoy, la administración Trump muestra disposición a traicionar a Ucrania y, al mismo tiempo, considera deportar a refugiados cubanos de vuelta al régimen opresor, a solo 90 millas de las costas estadounidenses. ¿Dónde queda el compromiso con los valores de libertad y justicia?

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Siria se perfila como una hoja de ruta clara para prever el posible colapso de regímenes totalitarios, como el de Putin en Rusia. No obstante, también pone de manifiesto graves peligros. La corrupción institucional a todos los niveles distorsiona la verdad, como sucedió en Afganistán con el colapso del gobierno ante los talibanes.

El mosaico étnico, sectario y religioso—árabes, circasianos, drusos, kurdos, cristianos, musulmanes, entre otros—puede llevar a una división permanente. Además, actores externos como Turquía, Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar apoyan facciones rebeldes, complicando aún más el panorama.

Es crucial superar la fantasía de un estado unitario. El estatismo, con su enfoque en un solo país y gobernante, contrasta con la realidad de múltiples comunidades, tribus y tradiciones. Mientras los gobiernos fallan y recurren a la violencia, la colaboración transnacional avanza, demostrando que, en un mundo conectado, los estados a menudo son un obstáculo más que una solución.

Una polémica entre los libertarios en general y los anarcocapitalista es el asunto de la libertad de migración y las restricciones fronterizas impuestas por el estado. Ciertos escritores como Hoppe proponen que al desaparecer el estado todo se convertiría en propiedad privada y por lo tanto, no existiría libertad completa de migración. El propone que como pagaste impuesto al estado por las carreteras y el alcantarillado y otras obras públicas que por lo tanto un migrante no tiene derecho a valerse de ese beneficio que tu pagaste.

Supongamos que usted ha construido una cabaña en una montaña. Ha desbrozado parte del bosque y de la maleza y luego, con su propio trabajo, ha construido la cabaña. ¿Eso le convierte ahora en el legítimo propietario de toda la montaña? Se puede argumentar que su propiedad consiste en los frutos de su trabajo: el desbroce del bosque y la cabaña que ha construido. Pero usted no ha construido la montaña ni el bosque. Estos pertenecen al reino de la naturaleza, que sigue sus propias leyes, no las leyes del hombre.

El mismo argumento se aplica a las reclamaciones del gobierno sobre la tierra. En los EE.UU., el estado de Nueva Jersey es el más densamente poblado. Sin embargo, incluso en el norte del estado se pueden encontrar muchas colinas, bosques y senderos sin desarrollar. Hay muchos ríos. ¿Quién es el propietario de estos? ¿Son propiedad de los habitantes indígenas originales, como las tribus Lenape o Ramapo? Si estas tribus no construyeron nada allí, ¿qué derecho tienen a las montañas, los ríos y los valles?

¿Por qué un terrateniente que vive cerca de un río o una montaña debería tener el derecho de determinar quién puede caminar por esos senderos o navegar por esos ríos? ¿Con qué derecho? ¿Tu propiedad te convierte en dueño del cuerpo de otra persona? ¿Cómo no es secuestro cuando restringes la libertad de movimiento de otra persona?

La forma de deconstruir el argumento de Hoppe es exponer la falacia de que el gobierno es dueño de la naturaleza o que los terratenientes son dueños de la naturaleza. No es así. La naturaleza es su propio reino. Si el estado desapareciera mañana, los únicos muros legítimos estarían a la entrada de la propiedad privada, no en líneas imaginarias en un mapa llamadas fronteras. Un migrante que viaja inocentemente no es el agresor. La migración es un derecho humano fundamental.

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Boeing es un ejemplo de cómo la intervención del gobierno puede crear problemas que luego intenta resolver.

La empresa no perdió su ventaja de calidad en un entorno de libre mercado donde la competencia impulsa la innovación y la eficiencia. En cambio, Boeing se convirtió en parte del complejo militar-industrial, donde la demanda se alimenta del favor político y la financiación federal en lugar de las necesidades genuinas del mercado. Como resultado, opera desconectada de las señales reales de oferta y demanda, e incluso los pedidos de aviones civiles a menudo se originan en aerolíneas estatales o subsidiadas.

Esto no es un fracaso del capitalismo, sino una consecuencia del corporativismo respaldado por el gobierno.

Después de invertir miles de millones en subsidiar estas conductas, el gobierno gasta miles de millones más para regular los mismos problemas que ayudó a crear. Sin embargo, el público a menudo ve una mayor regulación como la solución, cuando la respuesta real podría estar en reducir los subsidios y permitir que las fuerzas del mercado funcionen.

«Nunca he entendido por qué es codicia querer quedarse con el dinero que uno ha ganado, pero no codicia querer quedarse con el dinero de otro».

— Thomas Sowell

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Muchos creen que la escasez durante un terremoto, huracán u otra catástrofe natural es una consecuencia inevitable del mercado, y no faltan quienes citan estos casos como ejemplos de los límites de un mercado libre.

Este argumento no es más que otra excusa engañosa del socialismo, culpando al mercado por efectos que, en realidad, son causados por la interferencia del Estado, no por el “capitalismo.”

La lógica nos dice que, cuando los recursos son escasos, lo más sensato es limitar el consumo a lo esencial y fomentar la producción lo antes posible. El mercado ya tiene mecanismos para hacer esto. Sin embargo, bajo el pretexto de la ira populista, el Estado interviene y termina siendo el verdadero responsable de la escasez.

La ley de oferta y demanda no desaparece durante una catástrofe natural, y esta ley se manifiesta a través del mecanismo de los precios. En una emergencia real, los precios suben repentinamente. Esto no es “avaricia,” como muchos dicen, sino una señal completamente racional: indica a los productores que habrá grandes beneficios si pueden suministrar los bienes que están en alta demanda, y al mismo tiempo, alerta a los consumidores para que restrinjan su consumo a lo más necesario. El alza de precios, de hecho, cumple esta función crucial.

Supongamos que algunos proveedores aumentan los precios de manera significativa. En realidad, esto es una invitación abierta a otros proveedores para que entren al mercado, lo que resulta en un aumento de la oferta. A medida que los competidores se suman, buscarán reducir los precios para ganar participación en el mercado, lo que eventualmente lleva a una disminución de precios y una mayor disponibilidad de bienes.

Los políticos populistas rápidamente denunciarán “especulación,” “colusión” y “competencia desleal.” Pero es precisamente esta interferencia estatal en la ley de oferta y demanda lo que genera la escasez, no un mercado libre donde los precios pueden ajustarse de manera eficiente e inmediata.